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Investigación y redacción: Joan García y Eliana Valderrama

Una de las mayores y trascendentales consecuencias que ha dejado el conflicto armado en el país ha sido el de los desplazados y uno de los problemas para repararlos ha sido el de devolverles las tierras que antes les pertenecían.

Una vez surgieron los grupos guerrilleros como FARC, ELN Y EPL que fundamentaban su lucha por el control de la tierra en el país, se generaron enfrentamientos con las fuerzas militares debidamente constituidas, que buscaban defender a la población civil de las acciones de estos grupos considerados como ilegales. La tierra era tema de disputa por los recursos que provee y por estrategia militar o corredor vial. Los primeros resultados de dichos enfrentamientos, fue el de los éxodos masivos de campesinos que consideraban que su integridad estaba en peligro por consiguiente decidían entonces abandonar las tierras que les daban trabajo, comida y donde se desencadenaba el conflicto.

En diferentes circunstancias cuando los campesinos regresan a hacer uso de las tierras que anteriormente les pertenecían, se encuentran con que estas ya han sido ocupadas

por miembros de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes o testaferros de los anteriores. Como no existen documentos que comprueben la titularidad y la propiedad de tierra de estos campesinos, no existe manera legal para poder comprobar el derecho que les pertenece.

Otro problema que se registra es la de que, entre otras cosas, varios campesinos son obligados a través de amenazas a firmar documentos de transferencia como si traspasasen sus propiedades de forma voluntaria.

ORIGEN DEL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD DE TIERRA.

En el continuo desarrollo de las relaciones sociales del hombre, la delimitación y propiedad de la tierra se realizaba con el fin de regular las relaciones entre individuos que habitaban terrenos seguidos. La propiedad que a cada quien le pertenecía se especificaba a través de acuerdos verbales o por herencia de generación en generación.

En Colombia ocurría que el estado entregaba grandes proporciones de tierra a conquistadores y como pago de favores a estrategas militares. Desde entonces el país nunca resolvió los problemas agrarios y de acceso a la propiedad que campesinos del común tenían derecho.

En los años 50´s los problemas territoriales eran latentes, grupos guerrilleros reclamaban igualdad, una reforma agraria y la eliminación de los “latifundios”; por ello el Frente Nacional creó la Asociación de Usuarios Campesinos ANUC e inicio una reforma agraria con serias inconsistencias que pretendía que la tierra fuera otorgada a quien la trabajara, sin embargo los grupos alzados en armas no quedaron conformes con la acción.

El panorama del conflicto en el país cambió en los 80´s con la entrada de Paramilitares y Narcotraficantes, es ahí cuando las FARC cambiaron actividades como la lucha por la tierra para dedicarse a cobrar “vacunas” (extorsiones) a los campesinos. Las AUC iniciaron entonces la defensa los grandes propietarios de tierras y bienes como ganaderos, de los secuestros y extorsiones de la guerrilla.

Con la intensificación de dicho conflicto entre Paramilitares y Guerrilleros, se incurre en el desplazamiento forzado en el que se genera la violación a todos los derechos básicos de los campesinos, quienes también eran obligados a vender sus tierras a delincuentes con el fin de que estos lavaran activos y controlaran territorio.

En un caso concreto, la mayoría de las tierras que pertenecen a los desplazados son los denominados “minifundios” es decir, terrenos menores a tres hectáreas que en su mayoría no poseen titulo de propiedad, sino que se trata de posesiones muchas veces heredadas de generación en generación y que los campesinos denominan “mejoras”. Estudios de entes como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, han determinado que como no existían Notarias o entes similares para formalizar y legalizar la propiedad, se genero en el transcurso del tiempo la imposibilidad de probar el derecho que les asiste a la misma terminando así en un limbo jurídico del que las actuales autoridades no han querido ocuparse para no hacer mas visible la problemática.

CÓMO REGULA LA LEY COLOMBIANA

El país ha tratado de regularizar la tenencia de la tierra por varios años. Es así, como desde 1936 con la ley 200, se quiso emprender la distribución equitativa de la tierra, sin embargo los terratenientes se opusieron a dicho intento. Mas tarde apareció otro proyecto: la ley 135 de 1961 o denominada “Ley de Tierras”, que permitió la creación del INCORA, entidad que adquiriría las tierras para adjudicárselas a los campesinos. Nuevamente la clase política y corrupta permeo el sistema llevándolo al fracaso; ya que las tierras adquiridas eran inadecuadas, sin programación u orientación a los beneficiarios, empleando para ello un exagerado presupuesto sin obtener resultados positivos.

Si bien las leyes del país han estipulado una manera supletoria para probar la existencia de propiedad por medio de testigos ante un juez de carácter civil en un proceso denominado DE PERTENENCIA o POSESION, no se ha podido garantizar que todos los dueños de “minifundios” puedan acceder a un proceso de estos debido al costo que llegan a tener.

Sin embargo, hay artículos de la Constitución Politíca de 1991 que indican:

*Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El estado fijara las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y promover planes de vivienda de interés social (Según el ART 51)

*Es deber del estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o colectiva (ART 64)

Existen entes como La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR creada en el marco de la Ley de Justicia y Paz – desmovilización de las AUC- que lucha por algunos ideales como el de garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos, entre ellos, el acceso nuevamente a la propiedad.